Licencia de caza a sueldo en Francia – Más vigilancia a furtivos de licencia de pesca

Licencia de caza a sueldo en Francia – Más vigilancia a furtivos de licencia de pesca

Muchos usuarios con licencia de caza en España, así como federaciones y asociaciones que los agrupan, miran de reojo a una medida que acaba de aprobar el Ministerio de Ecología de Francia: la de contratar a cazadores a sueldo para asustar e incluso abatir lobos en el sureste del país. El objetivo es minimizar los daños que estos animales silvestres están causando en la fauna local. Los encargados de realizar esas labores serían funcionarios con licencia de caza y actuarían principalmente en la zona de Alpes-Mediterraneo-Córcega, donde los daños económicos por los ataques de los lobos han ascendido a 15 millones de euros. En España, esta medida ha despertado cierto interés, pues algunas regiones de nuestro país, como Asturias y Castilla y León, están sufriendo daños parecidos, pero las restricciones y vedas de la mayoría de las comunidades impiden que los usuarios con licencia de caza en ellas puedan ejercer una labor de control de poblaciones de manera efectiva.

En vacaciones, más furtivos pero también más vigilancia

Como suele ocurrir en fechas veraniegas, el Seprona y los cuerpos de seguridad del Estado han aumentado la vigilancia de los furtivos, que capturan sin licencia de pesca de ninguna comunidad o que realizan su actividad de manera irregular. Y esta vigilancia ya ha dado sus frutos en algunas comunidades. Por ejemplo en Cantabria, donde el Seprona detuvo a dos hombres sin licencia de pesca de Cantabria que habían capturado con arpones un salmón de 5 kg de peso, en el río Ansón a su paso por Ramales de la Victoria. Algo similar ocurrió en Lérida, donde los agentes forestales detuvieron a dos individuos que habían capturado 41 truchas en el río Segre, a su paso por Oliana, en un tramo donde solo estaba permitida la modalidad sin muerte. Tanto a estos furtivos sin licencia de pesca de Cataluña como a los detenidos en Cantabria se les aplicará la reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio y que endurece las penas por estos delitos.